Esta nación hace un decidido esfuerzo para reemplazar el tipo de caridad que destruye la dignidad con la garantía de un seguro gubernamental digno para la vejez. Esta nación proporciona educación a todo niño y trabajo a todo hombre; por tanto puede llevar a cabo con éxito este programa de seguro para proteger a los endebles y ancianos.
En esta nación todas las personas tienen que jubilarse de trabajos remunerados a los sesenta y cinco años de edad, a no ser que obtengan un permiso del comisario estatal de trabajo que les dé derecho a seguir trabajando hasta los setenta años. Este límite de edad no es aplicable a los funcionarios públicos ni a los filósofos. Los físicamente incapacitados o lisiados pueden jubilarse oficialmente a cualquier edad, mediante orden judicial contrafirmada por el comisario de pensión del gobierno regional.
Los fondos para las pensiones de vejez se derivan de cuatro fuentes:
1. Las ganancias de un día de cada mes son exigidas por el gobierno federal para estos fines, y, en este país, trabajan todos.
2. Los legados—muchos ciudadanos pudientes dejan fondos para este propósito.
3. Las ganancias de los trabajos obligatorios en las minas estatales. Después de haberse sustentado los trabajadores conscriptos y de haber separado su aportación para la pensión de jubilación, entregan todo el excedente de beneficios que resulta de su labor a este fondo de pensión.
4. Los ingresos de los recursos naturales. Al gobierno federal se le consignan, en cargo de confianza social, todas las riquezas naturales del continente, y los ingresos de éstas se utilizan para fines sociales, tales como la prevención de enfermedades, la educación de los superdotados y los gastos de individuos que se destacan en las escuelas de administración pública. Se destina la mitad de los ingresos de los recursos naturales al fondo de pensión para la vejez.
Aunque los actuarios estatales y regionales ofrecen muchas formas de seguros protectores, las pensiones de la vejez son administradas solamente por el gobierno federal a través de los diez departamentos regionales.
Desde hace mucho tiempo se han administrado estos fondos públicos honradamente. Después de la traición y el asesinato, los castigos más severos que imponen las cortes están relacionados con la prevaricación. Actualmente se considera la deslealtad social y política como el más infame de todos los crímenes.